Torres cifra en 16.475 los migrantes vueltos a Marruecos y el Congreso avala 7 decretos

La Diputación Permanente del Congreso convalidó este miércoles siete decretos ley del Gobierno de coalición con un respaldo casi unánime en seis de ellos. Solo Vox, con seis diputados en el órgano, votó en contra de todos menos del que prevé reparaciones para las víctimas del accidente del AVE en Urda. La sesión duró siete horas y estuvo atravesada por la campaña del 29 de noviembre.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, expuso el balance de Ceuta: siguen en la ciudad 5.037 personas atendidas con recursos del Estado, 532 de ellas menores, más 3.156 menores a cargo del Gobierno local. Según dijo, 16.475 migrantes volvieron a Marruecos desde la avalancha del verano y ya no quedan asentamientos de chabolas ni estructuras en el puerto. El Gobierno desplegó un espigón de 150 metros en El Tarajal y giró 45,3 millones de euros a la ciudad.
Elma Saiz, ministra de Inclusión Social y portavoz, defendió el decreto que amplía patologías cubiertas y suma una prestación para la menopausia. El PP objetó que nueve cambios normativos se saquen por decreto y fuera del Pacto de Toledo; Vox habló de fines partidistas.
Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Transportes, sostuvo los dos decretos de seguridad ferroviaria y de ayudas a las víctimas de Urda, el único que juntó unanimidad.
Pablo Bustinduy, ministro de Asuntos Sociales, afirmó que la mayor protección para familias numerosas y monomarentales —80% de las cuales son madres sin pareja a cargo de hijos— alcanza a 770.000 personas. Le recordó a Vox que el bono eléctrico está entre las ayudas y que lo cobran Santiago Abascal, su pareja y sus cinco hijos. La diputada del PP Patricia Rodríguez calificó el texto de «chapuza».
Sobre dependencia, Bustinduy anunció 6.200 millones extra, 7.239 previstos para 2027 y el 50% de la financiación a cargo del Estado para terminar con las listas de espera el año próximo. Lo llamó «giro radical e histórico». Ione Belarra (Podemos) y Aina Vidal (Sumar) lamentaron que no se investiguen las agresiones y torturas denunciadas.
José María Sánchez (Vox) acusó al Gobierno de usar la Diputación Permanente para hacer mítines y calificó lo de Ceuta como «casus belli». El Ejecutivo tiene previsto derivar más decretos al órgano incluso después de los comicios.
¿Se ejecutan los 6.200 millones de dependencia o quedan solo en el decreto?
Fuente: El País







