Picardi pidió juicio para cuatro presos acusados de estafar haciéndose pasar por Rosatti
El fiscal federal Franco Picardi pidió el juicio oral para cuatro detenidos en la cárcel de Jujuy acusados de integrar una banda que estafaba y extorsionaba haciéndose pasar por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Operaban desde el Establecimiento Penitenciario N° 7, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.
La causa empezó el 25 de noviembre de 2024 con un llamado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal. El interlocutor se presentó como el jefe del máximo tribunal y pidió nombres, causas, tiempo de detención y teléfonos de familiares de los detenidos. El comisario desconfió y pidió un número para devolver la llamada. Al preguntar por Rosatti, del otro lado cortaron. La jefa de seguridad de la Corte confirmó que el magistrado no había hecho ningún requerimiento de ese tipo.
El grupo usaba líneas telefónicas y perfiles de WhatsApp con el nombre y la foto de Rosatti. Con los datos que conseguían llamaban a los familiares de los presos y les pedían dinero por una supuesta fianza que iba a conseguir la libertad o algún beneficio judicial.
La investigación, delegada por el Juzgado Federal N° 12 que subroga Julián Ercolini, relevó ocho hechos. Hubo llamados a las sedes de la PFA en Santa Fe y Esquel en diciembre de 2024, a la Guardia de Prevención de Gendarmería en enero de 2025, a la DUOF Neuquén en mayo, a la Unidad N° 50 del Servicio Penitenciario Bonaerense en Batán y a la comisaría 42 de Río Negro en junio, y a la Unidad N° 14 del Servicio Penitenciario Federal en Esquel en octubre de 2025.
En Gendarmería el falso Rosatti dijo integrar una comisión de control de derechos humanos para centros de detención no penitenciarios y habló de traslados, libertades condicionales y excarcelaciones. El personal advirtió la maniobra y alertó a las familias: algunas ya habían recibido pedidos de entre 600.000 y 800.000 pesos. Ninguna pagó.
La misma estructura se usó para otros delitos: simularon representar empresas privadas, anunciaron premios falsos —dinero, vehículos, electrodomésticos— y reclamaron transferencias por gastos de trámite. El análisis de antenas ubicó el teléfono del primer llamado en las inmediaciones del penal jujeño. Según la imputación, la organización funcionó al menos entre noviembre de 2024 y el 30 de octubre de 2025.
Fuente: La Nación
