En casos anteriores, una vez aprobado en el Senado, el decreto de designación de juez salió al día siguiente. En este caso, lleva ya tres días hábiles desde el jueves, que fue tratado en el el Congreso. Fuentes oficiales confiaron a TN que podría salir en las próximas horas.
El presidente Alberto Fernández demora la firma del decreto de designación de la jueza Ana María Figueroa. (Foto: NA).
El pliego de la jueza Ana María Figueroa estuvo trabado durante meses, incluso llegó a la edad obligatoria para jubilarse y la Corte manifestó que no debía seguir en el cargo. Sin embargo, el jueves pasado el oficialismo logró los votos necesarios para aprobarlo en el Senado. Se trata de una jueza clave para la causa Hotesur, donde está involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El caso es que desde ese día ya pasaron tres días hábiles y no hay decreto presidencial todavía. Alberto Fernández dilata la designación de la jueza, cuando en otras oportunidades esto ocurrió al otro día del visto bueno de la Cámara Alta. Según afirmaron desde Presidencia a TN, en las próximas horas podría salir la firma del mandatario.
La demora del jefe de Estado generó suspicacias en el kirchnerismo, dada la disputa que mantiene desde gran parte de su mandato con su compañera de fórmula. No obstante, hay varias versiones sobre los motivos por los cuales se dilata la firma del decreto tan esperado por la vicepresidenta.
Una teoría sostiene que la jueza que cumplió 75 años en octubre, no quiere atravesar lo que podría ser un engorroso proceso para culminar con un nuevo rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta versión fue sugerida por el senador opositor Luis Juez, uno de los que se opuso al pliego de Figueroa en la sesión del jueves.
Otra explicación aduce un conflicto judicial para el propio gobierno de Fernández. Sucede que en 2017, el entonces ministro de Justicia German Garavano promulgó un decreto en el que estableció que los jueces que cumplían 75 años debían tener previamente un nuevo acuerdo del Senado por 5 años más, de lo contrario, debían dejar su cargo.
Ante este escenario, el actual ministro de Justicia, Martín Soria, debería primero derogar ese reglamento antes de pedirla al Presidente que firme el decreto. De hacerlo sin derogar lo dispuesto por Garavano, Soria quedaría expuesto a un juicio penal.
También se especula con la posibilidad de que aquellos que firmen el decreto de Figueroa podrían quedar expuestos a ser denunciados por no acatar un fallo de la Corte, que ya la cesanteó a Figueroa el 6 de septiembre pasado.
Nota que está siendo actualizada
